El caso Cursach y el derecho a la información

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Esta semana ha habido una noticia que no nos ha dejado a nadie indiferente: el Juzgado de Instrucción Nº 12 de Palma de Mallorca decidió requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas en el marco de la investigación del caso Cursach.

¿Pero qué ha pachao? El caso Cursach

El empresario Bartolomeu Cursach, el dominador del ocio nocturno de Palma de Mallorca durante décadas, tejió una red de relaciones con políticos y policías que favorecían sus negocios. Él, a cambio, les compensaba con drogas, champan y buena compañía. El caso Cursach, es uno de los mayores casos de corrupción de Palma de Mallorca. Tanto el propio caso como el proceso de instrucción de la causa está siendo problemático hasta el punto de que ha habido agresiones a testigos, una muerte bastante oscura y un juez recusado por “haber perdido la imparcialidad” -Manuel Penalva-.

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Dentro de esta oscura instrucción la semana pasada sucedió algo que activó las alarmas de periodistas y juristas. El Juez Miguel Florín -quien sustituyó al juez recusado- firmó una orden de intervención de las comunicaciones del Diario de Mallorca y de Europa Press (hasta aquí nada raro). Sin embargo, se procedió a requisar el teléfono móvil y el equipo informático personales de Kike Mestre, periodista del Diario de Mallorca.

A nadie se le escapa que en un teléfono móvil o un ordenador personal hay datos personales y, siendo el de un periodista, puede haber datos bastante sensibles. Por tanto, ¿es posible que se les haya vulnerado el derecho a la intimidad del art. 18 CE?

Pero esto no es todo…

Además, esta requisa se ha realizado bajo el pretexto de investigar “unas filtraciones” que se han producido del propio caso que se está llevando a cabo bajo secreto de sumario, y al que no es posible acceder.

Cabe señalar que ninguno de los periodistas a los que se les ha requisado material están siendo investigados en el fondo del asunto Cursach, lo que nos lleva apreguntarnos… si no están bajo investigación ¿Por qué se han intervenido sus comunicaciones y se han rastreado sus movimientos mediante geolocalización?

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Parecen medidas de carácter abusivo que vienen a restringir derechos fundamentales y que para su utilización se requiere de una orden judicialque un juez habrá de motivar y justificar de antemano, y repito motivadamente.

Con todo esto encima de la mesa, ¿estamos ante una vulneración del derecho de información del artículo 20 d) CE tal y como afirman las plataformas en defensa de los periodistas?

Pero… ¿Qué es el derecho de información?

Es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20.d) CE y  que, por lo general, y en lo relativo específicamente al derecho a comunicar -hechos veraces-, se ejerce por los profesionales de la comunicación y a través de los medios de comunicación institucionalizados.

Por otro lado el ciudadano tiene derecho a recibir una información veraz, y cotejada con diversas fuentes que le permita conocer y crearse una opinión sobre los distintos asuntos. De ahí al relevancia de este derecho tanto para quienes ejercen su profesión como periodistas como para quienes son destinatarios de esa información.

La libertad de información claramente constituye un medio para la formación de opinión pública en asuntos de interés general, por lo quese convierte en preferente sobre otros derechos fundamentales. Así lo ha expresado el TC en la STC 165/1987, de 27 de octubre, en su Fundamento Jurídico 10: 

«La libertad de información es, en términos constitucionales, un medio deformación de opinión pública en asuntos de interés general (…) Este valorpreferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por losprofesionales de la información a través del vehículo institucionalizado deformación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más ampliaacepción».

Hasta  tal punto llega su importancia para con toda la colectividad, que en su ejercicio de crear opinión pública el propio Tribunal Constitucional lo ha venido situando, a priori, en una situación de prevalencia frente a otros derechos fundamentales.

Si tiene tanta importancia… ¿Por qué ha sucedido esto?

Es cierto que existe una investigación criminal en curso, pero ¿Podemos vulnerar derechos recogidos en nuestra carta magna por el mero hecho de llegar hasta el final de una investigación?

Resulta manifiestamente nula cualquier prueba que se haya conseguido sin seguir unos procedimientos que garanticen los derechos fundamentales, incluso de aquellos que están siendo investigados. De esta forma si se obtuvieran pruebas, por muy incriminatorias que fueran aquellas o si de la obtención de las mismas se descubrieran otras  pruebas que apuntarán a la comisión de otros delitos, todas ellas serían nulas (la doctrina del fruto del árbol envenenado). Lo que nos llevaría casi con total seguridad a que todo el sumario se declarase nulo justo por esa vulneración de derechos fundamentales.

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Del mismo modo, no cabe realizar este tipo de actuaciones sin una autorización por parte del Juez quien debe en todo momento motivar y explicar razonadamente el porqué de esta actuación, su relevancia para  con el proceso que se está ventilando y verificando que  no existe otro medio para obtener los mismos resultados sin tener que acudir a “lesionar” derechos fundamentales.

Por otro lado, a uno de los periodistas en el momento de las requisas se le negó por vía expresa la presencia de su  abogado, lo que en cierta medida podría suponer  la vulneración del artículo 24 CE, produciéndose una indefensión de facto, al negarle a este periodista la presencia letrada en el momento de los hechos -pese a no estar ni detenido, ni siendo parte investigada en ningún caso-.

En conclusión en el caso que nos ocupa resulta que estamos ante una vulneración del derecho a la intimidad personal recogido en el artículo 18 de nuestra Constitución, que en especial relación con aquella función que realizan los periodistas, -informar de forma veraz sobre unoshechos- supondrían del mismo modo una vulneración del artículo 20.d) CE que supone una garantía para aquellos periodistas que no deseen divulgar las fuentes de las cuales se han obtenido dichas informaciones amparándose a su vez en el secreto profesional.

Aunque la prueba obtenida mediante la requisa y posterior análisis interior de esos dispositivos -análisis de conversaciones de WhatsApp, fotos almacenadas, cuentas de correo vinculadas al teléfono móvil…- . El contenido será visionado y clasificado según su relevancia para el caso pero decretada la nulidad, y no tenidas encuenta tales pruebas  ¿quién nos asegura que dicho contenido no va a influir en la decisión del juez?

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